En Morelos no se toleran ni ocultan actos de corrupción afirmó Adriana Flores Garza al referirse al caso de 5 servidores públicos de la Secretaría de Movilidad y Transportes que cometieron actos irregulares en la regularización de taxis del primero de enero del año 2014.
La funcionaria dio a conocer el cese del Director General Jurídico, Director General de Administración o Enlace Financiero Administrativo, Subdirector de Servicios y Concesiones, Director de Procesos Internos o quien realice las funciones de dicho cargo y el actual delegado en Cuautla. Dijo también que se procederá a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción.
Flores Garza agregó que queda suspendida regularización por lo que darán inicio a un nuevo procedimiento.
La Subsecretaría de Movilidad recordó que el primero de enero del 2014 se publicó un decreto en el Periódico Oficial para la regularización del transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente para la Zona Metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec”.
A la fecha, de 4,391 solicitudes de concesión ya fueron revisadas y validadas 1,034. El resto, 3,357 solicitudes no están en condiciones de continuar el trámite debido a las siguientes razones: La regularización del servicio público del transporte no se llevó a cabo de manera inmediata, como se instruyó en el Acuerdo del primero de enero de 2014; La información para participar en el proceso no se puso a disposición del público en general; no se registró el trámite de Regularización ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ente encargado de autorizar los trámites y ponerlos a disposición de los ciudadanos; todos los trámites se hicieron a través de terceros; se aceptó documentación improcedente, como solicitudes y constancias de residencia con fecha anterior a la expedición del Acuerdo de Regularización; se encontraron constancias de antecedentes no penales e identificaciones del INE con fecha posterior al acuerdo de Regularización; falta de cotejo con documentos originales y documentos alterados.