Las sanciones, impuestas al amparo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, según el nivel de responsabilidad determinado por esta institución, van desde suspensiones temporales y destituciones, hasta inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos por periodos de tres meses, uno y diez años.
Siete de los servidores públicos sancionados están adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno más a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y ocupan cargos de nivel residente de obra, residente general, subdirector, director general adjunto y director general.
Con ello, la SFP ha resuelto 21 de un total de 24 procedimientos, por los hechos de julio de 2017.
De esta manera, culmina parcialmente un proceso que abarcó una auditoría y el inicio de diversos expedientes de investigación, mediante la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la SFP; y de los órganos internos de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.