El día que cambió la vida de Tonalli parecía ser uno más. Como cotidianamente lo hacía, despertó a las cinco de la mañana y fumó un cigarrillo de mariguana, se alistó y partió a la escuela fumando otro durante el camino.
Ese día las nubes aún cubrían el cielo, como un presagio a lo que vendría. La rutina se interrumpió, pues el olor a la hierba y los ojos rojos lo delataron. Le impidieron ingresar a la telesecundaria que asistía en la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México, frustrando no sus clases, sino la venta del estupefaciente.
Tenía 15 años, cursaba el tercer grado y, como desde hacía dos años, comercializaba la droga al interior del plantel educativo. Esa mañana, al quedarse fuera, se refugió acompañado de un amigo en un parque cercano, donde siguieron fumando.
— Ya vámonos, dijo su compañero con tono nervioso.
— Nomás nos fumamos otro y ya nos vamos, respondió Tonalli confiado.
Mientras expulsaban la última bocanada, unos policías se les acercaron. Como si se tratara de un filme televisivo, los uniformados revisaron sus mochilas, hallando hojas de papel y un puñado de hierba verde esperando el momento de ser enrollado.
La revisión siguió en los brazos y la espalda, los bolsillos y, finalmente, una bolsa que llevaba colgada en la cintura. El cierre se fue abriendo poco a poco, casi en cámara lenta, dejando ver 30 bolsas de mariguana, cada una contenía 10 gramos que mercaba en 50 pesos.
Esa mañana de septiembre, la suerte de Tonalli se esfumó, cambiando su vida por completo. Los uniformados habían recibido una denuncia anónima de un par de jóvenes que se drogaban en el parque, y de inmediato acudieron a supervisar.
“Ese día, de tanto que estaba drogado, no supe ni qué fue lo que pasó. Llegué al MP (Ministerio Público) con mi uniforme de la secundaria”, relata.
Fue detenido y de esta manera inició el procedimiento penal por los delitos de narcomenudeo y daños contra la salud. Fue llevado a la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes (CDIA), en la calle Obrero Mundial, en la colonia Narvarte, donde permaneció un mes y ocho días. Tras el proceso al que fue sometido, consiguió mediante una resolución de magistrados del Tribunal de Justicia para Adolescentes, la sentencia de libertad asistida durante un año, tres meses y 11 días, realizando actividades análogas y manteniéndose en abstinencia.
En noviembre cumple la pena, quedando totalmente absuelto.
Adolescentes en conflicto con la ley
porcentaje adolescentes privados de libertad por delito, 2016. Fuente: CNDH.En 2014, 16 mil 885 adolescentes fueron objeto de alguna medida por infringir las leyes penales en México; de ellos, solo cuatro mil 558 (27 por ciento) estuvieron privados de su libertad tras haber cometido delitos graves.
Se les designa “adolescentes en conflicto con la ley” a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito, y que tengan entre 12 años de edad cumplidos y menores de 18.
La mayoría de estos chicos y chicas tienen un común denominador: están expuestos a condiciones de vulnerabilidad y poseen alguna correlación con la violencia. Muchos de ellos vivían en pobreza o con dificultades económicas; trabajaban y/o habían abandonado la escuela; carecían de acceso a servicios de salud y recreación; tuvieron bajo desempeño académico, provienen de familias separadas y, entre otras situaciones, sufrían violencia física, psicológica o emocional.
La doctora Elena Azaola Garrido, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), señala que la realidad de los adolescentes en México es la suma de factores que se entrelazan y los ponen en riesgo para que, en múltiples casos, cometan delitos.
Especialista en el tema, tras realizar investigaciones sobre los adolescentes privados de la libertad para conocer los factores que los llevan a delinquir y entender los tipos de delitos con que se involucran, dice a la Agencia Informativa Conacyt que las circunstancias de desatención por parte de la familia, la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyen a que tengan estas conductas.
Y es que, el Informe Anual UNICEF México 2014 señala que 53.8 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en el país vivía en pobreza, mientras que se encontraban en pobreza extrema 4.7 millones. Adicionalmente, 76 por ciento de la población de cero a 17 años tenía al menos una carencia social (alimentación, educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social y a una vivienda de calidad con servicios básicos); en tanto que 27.5 por ciento de los menores de un año carecía de acceso a los servicios de salud.
El documento destaca que si bien había una cobertura de cien por ciento en educación primaria, 82.4 por ciento a nivel secundaria y 52.9 por ciento en media superior, en el país había 6.1 millones de niños entre tres y 17 años sin asistir a la escuela.
Además, de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es el de mayor deserción escolar, particularmente entre alumnos de 15 a 18 años; 40 por ciento de esos adolescentes ya no regresa a la escuela ni cuenta con un empleo. Las principales razones por las que desertan son las carencias económicas, los embarazos tempranos y las uniones entre parejas jóvenes, según el Panorama de la Educación 2013.
“No es la pobreza en sí misma la que los lleva a cometer delitos sino los factores que los rodean, porque son chicos que en muchos casos han trabajado desde pequeños, que han abandonado la escuela, que han padecido violencia en sus familias. Se trata de una suma de desatenciones por parte de la familia, de los maestros en la escuela o de las instituciones”, señala la integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.
Legislación, de tutelar a garantista
Los antiguos mexicanos tenían medidas para los menores que cometían delitos; los aztecas contaban con tribunales de menores y en el derecho maya se aplicaban penas menos severas para ellos; mientras que en la época colonial, las penas eran más benignas para quienes tenían entre 10 y 17 años.
En el México independiente, el Código Penal de 1871 reconocía la total irresponsabilidad penal de los menores entre nueve y 14 años si el acusador no probaba que el acusado había obrado con discernimiento de la infracción; en tanto que para aquellos entre 14 y 18 años, las penas eran menores en comparación con las de los adultos, señala Alicia Azzolini Bincaz en el artículo “Los derechos humanos de los menores: el menor frente al derecho penal”.
En el libro Los criminales en México (1904), Carlos Roumagnac presenta un fichero de menores infractores con datos puntuales sobre su vida social, los antecedentes y las medidas que se les imputaron; he ahí que relata el caso de los homicidas Francisco M., alias “El Tagarnero” de 14 años, de Juan D. I., herrero de 13 años, de Pedro L., albañil de 17, o de Amador A., encuadernador de 15, quien “declara que es católico y cree en Dios” pero “no tiene noción exacta de lo que es arrepentimiento”.
En 1923, en México se creó el primer Tribunal para Menores en San Luis Potosí y en 1927 comenzó a funcionar el del Distrito Federal. En el Código Penal de 1931 se establece que los menores de 18 años que cometan infracciones a las leyes penales serían internados el tiempo que fuera necesario para su corrección educativa.
Durante mucho tiempo, en México privó el modelo tutelar. En 1974, se aprobó la creación del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal y cada estado tenía uno similar, los cuales adoptaron un modelo de justicia proteccionista ocupándose de los menores que cometían delitos, faltas administrativas y niños en situación de riesgo para sí mismos o la sociedad.
“En los consejos había un abogado, un médico, un psicólogo y un pedagogo. Todos los casos de los menores iban a parar a los Consejos, donde les hacían un diagnóstico y, según los resultados, se decidía si se quedaban o salían”, detalla en entrevista la doctora Alicia Azzolini.
Cuando en 1989 México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, cambió el paradigma sobre la infancia en materia de derechos, a nivel jurídico y penal. La Ley de Menores Infractores se aprobó en 1991, manteniendo el Consejo a nivel federal, pero solo para quienes cometieran delitos, y se estableció un proceso parecido al penal.
Así operó hasta que en 2005 se reformó el artículo 18 constitucional para instaurar el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, un modelo garantista a través del cual se pretende que los adolescentes acusados de algún delito tengan acceso a un juicio justo, en el que se respeten sus derechos y, en caso de resultar responsables, asuman las consecuencias de sus actos por medio de medidas alternas que promuevan su reintegración social y familiar.
“El sistema establece que la privación de la libertad será el último recurso, por el tiempo más breve que proceda y solo para delitos graves. Además que uniforma la edad mínima para su aplicación de los 12 años y hasta menos de 18, y que solo se podrá privar de libertad a los que tengan 14 años cumplidos”, explica la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco.
Consumo de drogas, un enganche
Tonalli probó la mariguana por primera vez a los 12 años y fue por curiosidad. Cursaba el primer año de secundaria y una tarde, al regresar a casa, vio un grupo de jóvenes que fumaba cannabis, en el que se encontraba un excompañero de la primaria que, desde el quinto grado, llevaba a cabo esta práctica.
“Me acerqué a él y le dije: ‘Regálame mariguana’. Me dio un poco y al día siguiente la llevé a la escuela. Un amigo llevó su pipa y la usamos para fumar. Así empecé y me gustó el efecto, porque me relajaba y hacía que se me olvidaran las cosas”, relata al agregar que lo utilizó como pretexto para suplir la pérdida de su padre, quien había fallecido recientemente.
A partir de ese día, Tonalli fue un consumidor frecuente; comenzó con un cigarrillo al día y poco a poco fue incrementando la cantidad. En la época en que fue detenido, fumaba hasta ocho diarios, permaneciendo “todo el tiempo drogado”.
Hubo un momento en que la mariguana ya no le ofrecía un efecto nuevo, quería experimentar algo diferente, así que fue probando cocaína, piedra y distintos tipos de pastillas.
“De los últimos días ya empezaba a meterme perico (cocaína) casi del diario. En el salón, nomás se salía el maestro y yo me drogaba, lo hacía frente a mis compañeros y me valía lo que me dijeran”, recuerda.
La idea de venderla vino a su mente una tarde en que fumaba: “Pensé que gastaba mucho comprando de a poquito, y dije, ‘si yo gasto tanto, habrá personas que compren más y me convendría venderla’”.
Su primera adquisición para la reventa fue un cuarto de mariguana, en poco tiempo la multiplicó en medio kilo, un kilo y dos; lo máximo que llegó a comprar fueron tres kilogramos que comercializaba en una semana. La piedra y cocaína las vendía por encargo; “no me gustaba gastar mucho en esas porque me lo consumía”.
El lugar de venta era la escuela a la que asistía. Entre compañeros de clase fue moviendo la droga y abriendo mercado entre los estudiantes de primer y segundo grado.
“De eso me arrepiento mucho, de que envicié a mucha gente e hice mucho daño, porque había personas que ni se drogaban y yo llegaba y les metía el gusano nada más para obtener dinero, de eso sí me arrepiento”, reconoce.
En su momento, Tonalli no dimensionó que la actividad ilícita que realizaba podría tener graves consecuencias; “lo hacía de manera inconsciente y, aunque sabía que lo que hacía estaba mal y que podría tener problemas, no estaba enterado de a dónde podía llegar; me ganó más la avaricia por tener dinero”.
Y es que, por la venta de estupefacientes, tenía ganancias aproximadas de 12 mil pesos mensuales, pues había días en que obtenía hasta mil pesos.
“Con lo que ganaba me compraba ropa o me salía de fiesta cada ocho días y me lo gastaba ahí. Había fines de semana que gastaba hasta tres mil pesos”, dice con un dejo de pesadumbre por la ausencia de “los lujos” que se daba.
Sentencia en libertad, alternativa para reencauzar vidas
La legislación en materia de justicia para adolescentes establece que la privación de la libertad sea únicamente para delitos graves, priorizando la aplicación de formas alternativas de justicia y medidas socioeducativas de orientación, protección y tratamiento.
Ello debido a que el marco legal para adolescentes no puede ser igual que el de adultos pues, a decir de la doctora Alicia Azzolini —quien además fue fiscal de investigación para menores de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal—, las categorías del delito son distintas, ya que “no se puede valorar igual la culpabilidad en un adulto que en un adolescente”.
De esta manera, se busca su reinserción social al promover que reencaucen su vida debido a que se encuentran en una etapa de definición de su identidad y personalidad.
No obstante, la también investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) considera que las medidas de sanción que se imputen deben ser formativas y estar relacionadas a la conducta que el adolescente realizó, que sea benéfica para la comunidad y se le dé un seguimiento puntual de su avance, de lo contrario, las sentencias tendrán poco efecto.
En los casos en que la privación de la libertad es necesaria, la ley prevé que esta medida no puede ser mayor a cinco años, lo cual “es muy positivo, porque nada se gana con tenerlos internados y menos en las condiciones en que están”, considera la doctora Elena Azaola.
La especialista refiere que deben estar recluidos para que paguen una sanción por lo que hicieron, pero considera que este internamiento debe ir acompañado de programas educativos y de capacitación laboral, de apoyo psicológico y de acompañamiento familiar, porque la realidad dista mucho de ello.
En sus investigaciones, plasmadas en el informe especial Adolescentes: vulnerabilidad y violencia y en el Diagnóstico de las y los Adolescentes que Cometen Delitos Graves en México, ofrece un panorama puntual de la situación que priva en centros de tratamiento interno en 17 estados representativos de todas las regiones del país, a través de 730 entrevistas, las cuales representaron una quinta parte de los adolescentes privados de su libertad entre 2014 y 2016.
Entre sus hallazgos, destaca que 62 por ciento de ellos proviene de familias de padres que se han separado; 22 por ciento no tuvo la oportunidad de conocer a su padre. De ellos, 89 por ciento había trabajado; además que 40 por ciento reportó haber sido objeto de violencia no solo física sino también psicológica y emocional, de ellos, 39 por ciento dijo no haber encontrado a alguien que los protegiera cuando estaban sufriendo ese maltrato.
En muchos casos, las condiciones en que se encuentran los centros de tratamiento interno para adolescentes en conflicto con la ley no garantizan la readaptación ni el cumplimiento a los derechos humanos de las personas que ahí cumplen su sentencia. El Informe Especial que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó al respecto destaca que en dichos centros en el país son insuficientes las condiciones para cumplir los objetivos de reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
Además, se identificaron hechos relacionados con maltrato físico y psicológico; deficiencias en la alimentación y los servicios médicos, ausencia de programas contra las adicciones y desintoxicación; falta de intérpretes para quienes no hablan español; insuficiencia de camas, insalubres condiciones en dormitorios y sanitarios; deficientes condiciones en ventilación e iluminación; y presencia de fauna nociva, entre otros aspectos.
Prevención, la solución
En México, los adolescentes representan 10 por ciento de la población, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sumando alrededor de 11 millones de personas.
¿Cómo evitar que esta población llegue a cometer delitos? Para los especialistas en el tema, la solución está en la prevención. La doctora Elena Azaola subraya que las políticas gubernamentales deben centrarse en la primera infancia para evitar que estén expuestos a situaciones de vulnerabilidad.
“Se ha visto que un factor de riesgo es dejar a los niños expuestos al abandono de la escuela y la falta de apoyo de la familia. Porque cuando los chicos tuvieron problemas familiares, no hubo atención por parte de las instituciones del Estado o en la escuela”, señala.
Tras haber entrevistado a una buena parte de adolescentes que se encuentran privados de la libertad por haber cometido delitos graves, la especialista refiere que además es necesario atender de manera apropiada a la población que ya ha delinquido, para evitar que se arraiguen a una carrera delictiva.
A decir del doctor Germán Álvarez Díaz de León, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el trabajo no solo es del Estado sino de la propia sociedad. No obstante, asegura que desde las instituciones, la inversión en políticas públicas debe reorientarse a la educación por ser la mejor vía para la formación profesional de los adolescentes, que también les permite plantearse un proyecto de vida feliz y alejado de situaciones de violencia.
“Desde el enfoque psicosocial, cuestionaría qué estamos haciendo para cubrir las necesidades de los jóvenes. No estamos viendo lo que este grupo social nos está demandando, sobre todo, porque no se le está atendiendo de acuerdo a sus particularidades, porque no es lo mismo hablar de adolescentes indígenas que los de ciudad”, destaca.
Además, es preciso que las políticas sean de largo plazo y que permitan ser evaluadas para decidir su pertinencia y continuidad, agrega el también director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.
Con ciencia
¿Dra. Elena Azaola Garrido.Cómo solucionar este fenómeno que se vive con los adolescentes? Para la doctora Elena Azaola, el primer paso es conocerlo; de ahí que su trabajo se enfocara en ver el problema de raíz; “ir a campo, meternos a las comunidades de internamiento y hablar con los jóvenes para entender los problemas que tienen y las razones que tuvieron para delinquir”.
En un mismo sentido, David Ramírez de Garay y Patricio Solís están por iniciar un proyecto enfocado en descubrir qué ocurre con este grupo social, a partir de un marco teórico de perspectiva de curso de vida.
Financiado por el Fondo Sectorial Conacyt-Inegi, el proyecto “Perfiles de jóvenes en conflicto con la ley y trayectorias delictivas en adultos reincidentes” encuestará a personas de la población carcelaria en ocho estados del país (sin incluir la Ciudad de México y el Estado de México, por tratarse de entidades que han sido estudiadas con mayor atención).
El doctor David Ramírez de Garay, investigador de la Universidad Anáhuac, explica que el propósito es saber quiénes son estos jóvenes y de dónde vienen, conocer sus historias de vida y sus trayectorias. A partir de los resultados que se obtengan, se puede conocer la situación de la población carcelaria.
“Lo que nosotros estamos proponiendo busca recabar información de lo que pasó antes de que entraran a las cárceles; es un esfuerzo retrospectivo para saber qué los llevó ahí y qué generó la reincidencia en los adultos mayores”, dice a la Agencia Informativa Conacyt.
Y es que todos los esfuerzos que se hacen desde distintas disciplinas académicas contribuyen a dotar de recursos e información a los hacedores de políticas públicas, con el propósito de aportar posibles soluciones a estos y otros problemas.
Para la doctora Alicia Azzolini, el trabajo de la academia sirve para reflexionar, sensibilizar e insistir en las particularidades de los problemas. Desde la perspectiva del derecho en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, se busca “tratar de poner las cosas en su lugar y desarrollar una dogmática propia de adolescentes, porque no es lo mismo el homicidio culposo de una adolescente que de un adulto, porque todas estas reflexiones de la academia han venido influyendo para que se modificaran las leyes”, señala.
Readaptación en libertad
A sus 17 años, Tonalli dice estar convencido de que quiere reencauzar su vida. En el último año aprendió que el camino que había tomado no lo llevaría muy lejos, pues “tarde o temprano acabaría peor”.
En esta forma de ver su realidad, la fundación Reintegra ha jugado un papel importante, al acompañarlo en el cumplimiento de las medidas que se le impusieron en libertad por medio de apoyo psicológico y legal; al tiempo de involucrar a la familia con el propósito de generar lazos más estrechos.
Para Liliana —la madre de Tonalli—, esta etapa que viven es la más difícil de su vida, pues no aceptaba que su hijo consumiera drogas y menos que las vendiera. Sin embargo, para ayudarlo debió ser dura y admitir que era el único medio por el que podía reencauzar su camino.
Los retos han sido reincorporarse a su familia, retomar sus estudios y dejar de consumir drogas, pues mes a mes tiene exámenes antidoping. No obstante, la incertidumbre de qué pasará a futuro es una constante.
“Hoy en día ya no tenemos fines de semana peligrosos, de angustiarme por saber dónde está y qué hace. Pero ahora tengo el miedo de qué pasará cuando termine la medida, de si podamos seguir bien cuando acabe el proceso legal”, reconoce.
Actualmente, Tonalli cursa el primer grado de preparatoria, acude diariamente a un grupo de Alcohólicos Anónimos y los fines de semana trabaja ayudando a su abuela en la venta de artículos de telefonía. Entre sus planes está continuar sus estudios y graduarse en psicología con el propósito de ayudar a otras personas, inspirado en las terapias que ha recibido en el último año.
Aunque su relación no es la mejor, ahora tienen más comunicación y procuran compartir tiempo de calidad.
Uno de los primeros días de noviembre, marcará su vida nuevamente, ahora para comenzar a escribir una nueva historia.
“Seguiré cargando mi pasado porque es algo que me va a ayudar a recordar que lo que estaba haciendo estaba mal, para no volver a cometerlo”, confía.
Agencia Informativa Conacyt