4 de noviembre de 2026
La diputada Jazmín Solano López presentó tres iniciativas ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos para incorporar la regla constitucional conocida como “3 de 3 contra la violencia” como requisito para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal del Agua, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, a fin de impedir que personas con antecedentes legales por violencia o incumplimiento de obligaciones alimentarias accedan a estos cargos.
“Porque quien violenta a una mujer no puede representar dignamente a las mujeres. Porque quien incumple con la manutención de sus hijas e hijos, no puede asumir responsabilidades públicas en ningún espacio gubernamental”, expresó la legisladora durante su intervención en tribuna, al destacar la importancia de fortalecer la integridad del servicio público y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Las iniciativas armonizan la legislación estatal con el mandato constitucional vigente, al establecer que no podrán ocupar estos cargos quienes cuenten con sentencia firme por delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar o violencia política contra las mujeres en razón de género, así como quienes hayan sido declarados deudores alimentarios morosos.
Durante su discurso, Solano López recordó que la regla 3 de 3 contra la violencia es resultado de años de lucha de colectivos de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, académicas, activistas y defensoras de derechos humanos, quienes impulsaron que ninguna persona agresora pudiera encontrar refugio en el poder público.
La diputada señaló que, ante la proximidad de una etapa preelectoral, la ciudadanía demanda instituciones más transparentes y personas servidoras públicas comprometidas con la legalidad y los derechos humanos. En ese sentido, subrayó que impedir el acceso a cargos públicos a personas que hayan ejercido violencia contra las mujeres es una exigencia que debe atenderse junto con las acciones para combatir los vínculos con la delincuencia organizada.
Asimismo, enfatizó que la medida no constituye una persecución ni una sanción adicional, sino una condición de idoneidad para quienes aspiran a desempeñar responsabilidades públicas, con el propósito de evitar que estos espacios se conviertan en mecanismos de impunidad o legitimación social para quienes han vulnerado derechos fundamentales.
Finalmente, Solano López llamó a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar las tres propuestas, al señalar que la perspectiva de género debe traducirse en instituciones que protejan a las mujeres, las niñas, los niños y las familias de Morelos.
“Porque legislar con perspectiva de género es construir instituciones más justas. Porque cerrar el paso a los agresores es abrir camino a la dignidad”, concluyó la diputada.