8 de mayo de 2025
Al considerar que en el contexto actual del sistema educativo mexicano, el personal docente enfrenta múltiples desafíos tanto en su función académica como en su relación con la comunidad escolar, y que entre estos retos se encuentra el incremento de denuncias infundadas o maliciosas, que afectan gravemente su estabilidad laboral, reputación profesional e integridad personal, la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López propuso expedir la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Morelos.
La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso local, dijo que su iniciativa deriva de una solicitud de la directiva de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el estado, ante la necesidad de establecer un marco jurídico que brinde certeza, respaldo institucional y protección integral a las y los trabajadores de la educación que enfrenten este tipo de situaciones, sin menoscabo del derecho legítimo de las personas a denunciar conductas indebidas o posibles delitos.
Agregó que, también nace del reconocimiento al caso de la maestra “Tere” en el estado de Querétaro, cuya experiencia evidenció las graves consecuencias personales, laborales y sociales que pueden derivarse de una denuncia falsa en contra del personal docente. “Este caso generó un debate público sobre la necesidad de contar con mecanismos institucionales de protección, y se convirtió en un llamado legítimo de justicia por parte del magisterio y de la sociedad civil”.
Ante la presencia de autoridades, integrantes, así como de trabajadoras y trabajadores de la Sección 19 del SNTE, que se dieron cita durante la sesión ordinaria de este día, la diputada Ruth Cleotilde dijo que la también llamada “Ley PROTEM”, representa una respuesta normativa que busca prevenir situaciones similares, garantizar el debido proceso y salvaguardar la dignidad de quienes ejercen la docencia y el apoyo a la misma en el estado de Morelos.
“La ley que se propone no pretende sustituir los procedimientos penales ni limitar el acceso a la justicia, sino establecer condiciones mínimas de objetividad, legalidad y respeto a los derechos humanos dentro de los procedimientos institucionales, evitando que las y los trabajadores de la educación sean revictimizados injustamente por denuncias sin sustento”, resaltó la coordinadora de la fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza.
Añadió que la propuesta, tampoco pretende ir en contra de las madres y padres de familia, quienes son el soporte de la educación en México, ni contra el derecho consagrado en la Constitución de una educación obligatoria para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino a una protección a las y los trabajadores de la educación por el desarrollo de su función en los espacios áulicos y en los centros de trabajo.
“Esta ley no defenderá lo indefendible, lo repito, esta ley nunca deberá defender a lo indefendible”, reiteró la diputada al puntualizar que se busca garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso; establecer la evaluación preliminar de denuncias por autoridades educativas; obligar a emitir un protocolo estatal en un plazo de 180 días; sancionar la denuncia falsa con medidas penales, civiles y administrativas; proteger la salud mental, reputación y carrera del personal docente; y promover la concientización institucional sobre los efectos de acusaciones sin sustento.