El Ministerio Público Especializado de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) demostró la presunta responsabilidad de Jonathan Raúl “N” e Imelda “N” en delito de secuestro agravado, por el cual se encuentra también procesado un ex servidor público en el Estado de México.
Los hechos se registraron en el año 2021 en la zona oriente del estado, cuando privaron de la libertad a una persona quien fue trasladado al lugar donde lo mantuvieron en cautiverio y le fue mutilado un dedo para presionar a la familia de la víctima para entregar una suma de dinero a cambio de su liberación.
Resultado de las investigaciones desarrolladas a cargo de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión en Morelos, se logró establecer las identidades de los presuntos responsables, realizándose el 12 de noviembre del año 2022 un despliegue táctico en coordinación con autoridades de la UECS del Estado de México y del Ejército Mexicano, con quienes se realizó un cateo en inmueble ubicado en el poblado de San Juan Tlacotompa en donde se realizó la detención de Kevin “N”, quien se desempeñaba como servidor público municipal de Ecatzingo, en el Estado de México, y quien fue vinculado a proceso y se impuso la prisión preventiva como medida cautelar.
Al continuar con las investigaciones, se logró establecer la presencia de dos personas más relacionadas con los hechos, quienes se encontraban asentadas en el municipio de Ocuituco, es así que se realizó un despliegue operativo en la comunidad de Texcala, en donde elementos AIC-UECS de la FIDAI cumplimentaron la aprehensión en contra de Jonathan Raúl “N” e Imelda “N”, con la participación de personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Policía Morelos de la CES.
Se estableció que los detenidos son pareja sentimental, y en el caso de Imelda, es hermana del indiciado Kevin “N” detenido y vinculado por los hechos.
En audiencia inicial se formuló imputación en su contra por el delito de secuestro agravado, y continuación de proceso, fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado acreditándose las agravantes, haciéndose prevalecer la prisión preventiva como medida cautelar y se concedió el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.