La comerciante y vecina de Zacatepec, Nancy Hernández Núñez señaló una serie de irregularidades tanto de parte de la defensoría pública, como de la cárcel distrital de Jojutla.
Hace un año y cuatro meses, su esposo, Alejandro González Sánchez, fue recluido, acusado de violación. Dijo que aunque contrató a un abogado, sólo “le sacaron dinero” y por economía, recurrió a un defensor de oficio.
Dijo que el juzgado le asignó a la licenciada Araceli Ortiz Zacarías como su defensora, que al poco tiempo, le empezó a pedir cosas.
“Me hostigaba mucho. Decía que le gustaba mi bolsa y se la tuve que dar; después, que le gustaba mi cadena y también se la di, todo porque me apoyara en el caso”.
Dijo que la abogada le dijo que el ministerio público le pedía 150 mil pesos para darle a Alejandro una pena menor por el delito, pero la misma abogada le dijo que mejor le diera el dinero a ella y le conseguiría una pena de 50 años, a lo que respondió que eso no le servía”.
Por tal razón, presentó una denuncia ante la comisión de los derechos humanos, la contraloría estatal y fiscalía anticorrupción y pidió que le cambiaran a la abogad. La autoridad lo concedió y le envió otra profesional. Sin embargo, ahora la abogada, cuyo nombre no recordó, “se portaba de manera despótica”.
Recurrió nuevamente a las autoridades y le enviaron a una tercera persona, con la que, ahora sí, ha visto mejor atención.
Aprovechó para denunciar que cuando su esposo ingresó en la cárcel distrital de Jojutla, les pidieron 3,500 pesos que no pasara a “población”, y tuviera un mejor trato. Desde hace más de un año, están pagando esta consideración. Aseguró que el dinero es para los “comandantes” de la cárcel, y ella personalmente se lo ha dado a los custodios, que lo hacen llegar a donde corresponde, aunque ahora, ya tiene dificultades para pagarlo.
Aseguró que su esposo está enfermo del estómago, siempre está inflamado, y cuando llegan a darle atención médica, en la cárcel no le entregan las medicinas.