El pleno del Poder Legislativo aprobó exhorto al Consejo General del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) para que derogue las reformas al Reglamento Interno del organismo que permiten otorgar “gratificaciones doradas” a ocho consejeras y consejeros, así como al Secretario Técnico de dicha instancia electoral.
Así mismo, mediante el acuerdo aprobado por 12 votos, se solicita a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LV Legislatura del Congreso del Estado efectuar una revisión exhaustiva del presupuesto asignado para el Ejercicio Fiscal 2023 a fin de eliminar las partidas presupuestales del IMPEPAC que impliquen pagos de gratificaciones contrarias a la carta magna de nuestro país.
El diputado Arturo Pérez Flores señaló que la reforma al Reglamento Interno del IMPEPAC, aprobada por el Consejo Estatal del organismo el pasado 8 de marzo, brilla por su inconstitucionalidad, al representar una violación clara y patente al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que no se concederán ni cubrirán haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados sin que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
El diputado de MORENA precisó que estas “gratificaciones doradas” representarían un gasto superior a los 10 millones de pesos. “Esta reforma se percibe como un acto de corrupción y abuso de poder. La austeridad no es solo un asunto administrativo, sino un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, subrayó el legislador del XI Distrito.
No omito -añadió- comentar que además de ilegal, la decisión del IMPEPAC de autoaprobarse estas gratificaciones doradas es totalmente incongruente, pues se supone que el organismo carece de recursos para enfrentar tareas que le confiere la ley. Como ejemplo, puedo citar que el año pasado solicitó ampliaciones presupuestales para afrontar deudas y la consulta ciudadana para determinar la constitución del municipio indígena de Tetelcingo.
Además de ser inconstitucional, esta reforma es también particularmente problemática puesto que, en primer lugar, permite la perpetuación de la burocracia dorada, que implica que los funcionarios públicos reciban altas remuneraciones sin justificación y con un costo excesivo para el pueblo, puntualizó Pérez Flores.