– La legisladora Cruz Torres propone cambiar el nombre y ampliar facultades de la Comisión de Igualdad de Género

– La diputada Rodríguez Ruiz solicita recursos para la aplicación adecuada de la AVG en municipios.

– Tipificar la violencia obstétrica como delito, propuso la diputada Luz Dary Quevedo

Las diputadas Paola Cruz Torres y Tania Valentina Rodríguez Ruíz, presentaron sendas iniciativas con Proyecto de Decreto relacionadas con reformas a diversos artículos para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres y Feminicidios y en materia de la Ley de Acceso de las Mujeres una vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos.

De manera específica, la propuesta de la legisladora Paola Cruz plantea reformar los diversos 59 y 75 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; en tanto que la diputada Tania Valentina Rodríguez propuso modificar los artículos 4, 37 y 58 Bis, además de adicionar los diversos 37 Bis y 42 Quarter de la Ley de Acceso de las Mujeres una vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos.

En su intervención, la legisladora Cruz Torres, lamentó que pese a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género decretada el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios del estado, el panorama sigue siendo desolador para las mujeres y consideró que “no hemos logrado lo suficiente para prevenir y eliminar las violencias, quedando además muchas de estas en la invisibilización y la impunidad.

En este sentido la legisladora propuso una modificación en la denominación y facultades de la Comisión de Igualdad de Género, para que de ahora en adelante sea denominada “Comisión de Igualdad de Género, Seguimiento a la Alerta de Género y Atención al Feminicidio”, organismo al cual “le corresponde analizar, evaluar, reformar e iniciar ordenamientos estatales y municipales que impactan la condición de las mujeres”.

Por ello, consideró la diputada, es necesario que “este Congreso coadyuve en la responsabilidad de atender el grave tema de las violencias contra las mujeres como el feminicidio; que dé vigilancia y seguimiento a las recomendaciones que se emiten para el estado y los municipios”, y consideró que este Congreso “no puede permanecer omiso, indiferente e irresponsable ante una situación que lacera a nuestra sociedad”.

Finalmente refirió que “esta comisión tendrá como objeto principal dar seguimiento a la implementación de la declaratoria” de la AVG en Morelos, así como coadyuvar con acciones legislativas para la armonización de los ordenamientos a nivel estatal y municipal para la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres incluyendo los feminicidios.

Por su parte, la diputada Tania Valentina Rodríguez, solicitó que los municipios que cuenten con AVG “cuenten con las medidas necesarias para su correcta aplicación”, y destacó entre otras, “contar con unidades de análisis para conocer el contexto de la violencia, tener el apoyo de especialistas, un banco de datos y albergues temporales” para mujeres.

Asimismo, propuso a sus homólogos “organizar mesas de trabajo con todos los municipios, porque hay violencia de género” en todas las demarcaciones, para exhortarlos a que cuenten “con las medidas necesarias” para la implementación adecuada de esta AVG y propuso que en el Paquete Presupuestal 2022 se etiquete un recurso para los municipios destinado a este rubro.

Cabe hacer mención que, en este mismo contexto, la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se adicionan los artículos 213 Septies y 213 Octies del Código Penal del Estado de Morelos, con el objetivo de tipificar el delito de violencia obstétrica.

La legisladora detalló que la Ley de Acceso de las Mujeres una vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en su capítulo 7º, artículo 20, define a la violencia obstétrica como “toda conducta, acción u omisión que ejerce el personal de Salud de manera directa o indirecta y que afecta a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto, puerperio, expresados como “trato deshumanizado o prácticas que no cuenten con el consentimiento de ellas”.