Las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores, expresamos nuestra solidaridad con padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, como lo hemos hecho desde hace 7 años.
Desde el momento en que desaparecieron a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, exigimos su inmediata presentación con vida y el esclarecimiento de la verdad sobre estos graves acontecimientos donde se violaron los derechos humanos por parte del Estado y sus diferentes dependencias, incluido el Ejército Mexicano.
Estamos a punto de cumplir los 7 años de esta trágica noche y más que nunca exigimos que se cumplan los compromisos de localizar a todos los 43 desaparecidos y se rompan los pactos del silencio entre las diversas autoridades que ha permitido mantener la impunidad y la falta de resultados en las investigaciones sobre lo ocurrido.
Es en este sentido que nos preocupa seriamente que hasta el momento no se haya cumplido con el compromiso presidencial de esclarecer el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, como lo reconoció en su informe por los 3 años de gobierno el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Nos preguntamos cuáles son los verdaderos motivos por los cuáles no se logra ubicar el paradero de los estudiantes y determinar quiénes fueron los responsables, cuando se desechó la llamada verdad histórica que inventó el gobierno de Peña Nieto para desviar las investigaciones y ocultar la verdad.
Los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa han denunciado reiteradamente que existe un pacto de silencio y complicidad en las instituciones del Estado para evitar que las pistas y elementos de prueba de la responsabilidad del Estado sean investigadas y sancionadas.
En este sentido, es muy claro que no se ha tenido la voluntad para ir a fondo en establecer el papel que desempeñó el Ejército en complicidad con grupos criminales y policías locales y federales, en el operativo de Estado diseñado para desaparecer a los 43 estudiantes.
De acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, en su artículo 115, establece que el expediente del caso Ayotzinapa no puede ser información reservada, sino que por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad debe ser pública y las autoridades deben actuar en consecuencia para darle máxima publicidad, de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión y de acceso a la información al conjunto de la sociedad, para que se rompan precisamente los pactos de silencio que únicamente perpetúan la impunidad.
Durante todos éstos años de lucha hemos comprobado que los compromisos de esclarecer la verdad y lograr la justicia han sido incumplidos por los funcionarios del gobierno, quienes han estado otorgando cada vez mayores atribuciones al Ejército y las instituciones militares, en lugar de establecer políticas de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos y regresar a los cuarteles a los militares, investigando y sancionando a quienes hayan participado directamente en las desapariciones y violaciones a los derechos humanos, para garantizar que no se sigan repitiendo y acrecentando las desapariciones que actualmente ya superan las 90 mil personas desaparecidas en todo el país.
El derecho a la verdad sobre las desapariciones en México requiere del establecimiento de comisiones de la verdad o comisiones investigadoras, como se ha anunciado pero no se ha concretado. Podría decirse que el derecho a la verdad también puede aplicarse mediante otros procedimientos, como los juicios públicos, la divulgación de documentos del Estado, la gestión adecuada de los archivos respectivos y el acceso del público a la información.
Los Gobiernos cambian, terremotos y pandemias sacuden el país y nuestro dolor sigue calando el alma y atravesando nuestros corazones, dijo una de las madres del Comité de Padres y Madres de los 43 en un mitin en Chilpancingo, Guerrero, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Los padres y madres no han encontrado respuestas concretas por parte de las autoridades del gobierno federal para detener y sentenciar a los verdaderos responsables del crimen de lesa humanidad, como dijo el compañero Melitón Ortega, padre de uno de los 43 estudiantes.
Demandamos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que reabra la investigación a los militares, pues los teléfonos de los normalistas estuvieron activos dentro de la zona militar e incluso uno se activó dentro de la zona militar 01 de la Ciudad de México.
Hace siete años, por estos días los 43 estudiantes estaban con la esperanza y el optimismo a flor de piel. Habían pasado el examen en la Normal Rural de Ayotzinapa. Ya eran estudiantes de esta institución y tenían la firme convicción de que su vida no sería la misma y que les ayudarían a salir de pobres, como dijo Hilda Lequideño Vargas, madre de uno de los normalistas.
La noche del 26 de septiembre de 2014, fueron los policías y todas las fuerzas de seguridad confabuladas con la delincuencia organizada quienes desaparecieron a 43 estudiantes, asesinaron a tres y lesionaron a más de 20. Allí se suspendieron 43 sueños.
Por todo ello, apoyamos la jornada de lucha rumbo a la acción global por Ayotzinapa del próximo 26 de septiembre, séptimo aniversario de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero.
A siete años de la desaparición, los seguimos buscando en medio de adversidades y a contracorriente.
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Cuernavaca, Morelos, septiembre de 2021.
Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores