Un nuevo enfrentamiento mediático se dio este jueves entre el gobierno del estado y la fiscalía anticorrupción, por presuntos maltratos a menores en instalaciones del sistema estatal DIF.
Por un lado, en un comunicado, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; el procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (PRONAF) del Sistema DIF Morelos, Rafael Brito Miranda; y el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, en rueda de prensa dieron a conocer postura sobre las diligencias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM).
Pablo Ojeda, refirió que del actuar del Sistema DIF y la PRONAF, no se desprende ningún acto ilegal o que haya puesto en peligro a niñas, niños o adolescentes.
Lo anterior, luego de que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, determinó como ilegales los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por Juan Salazar Núñez, señalando que violaron los derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes, vulnerar su privacidad y cometer abuso de autoridad.
Tras destacar que es muy claro que los titulares de la CDHM y la Fiscalía Anticorrupción han hecho de este gobierno y otros actores sus enemigos políticos, el secretario de Gobierno resaltó que hacer de las niñas, niños y adolescentes, un frente de golpeteo político resulta inadmisible, intolerable y vergonzoso.
“Con esta resolución judicial, resulta muy claro, que la Comisión y la Fiscalía Anticorrupción lejos de garantizar los derechos para los que fueron creadas, vulneran derechos de los más desprotegidos y despilfarran los muy valiosos recursos a su alcance en persecuciones políticas”, expresó.
Recordó que el abuso de autoridad y el dispendio de recursos por parte de estas instituciones se ha visualizado con desplantes y abusos en la Secretaría de Gobierno, en la Entidad Superior de Fiscalización, el Congreso del Estado, en diversas Notarías Públicas; e incluso en el Ayuntamiento de Cuernavaca.
“Como democracia y como sociedad no debemos permitir que supuestos servidores públicos procuren la justicia y el combate a la corrupción de forma parcial y acomodaticia; para muestra la determinación de hace unos días de no ejercer acción penal en contra de nueve funcionarios de la anterior administración con escandalosas acusaciones de corrupción”, acotó el encargado de la política interna.
Por su parte, Brito Miranda, explicó la relatoría de las múltiples visitas de la Comisión estatal y nacional desde el pasado mes de septiembre 2020, así como del actuar de la Fiscalía Anticorrupción durante las órdenes de cateo ocurridas el pasado 26 y 27 de febrero en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) y en el Sistema Integral de Adicciones Nueva Integración (SIANI).
“Las autoridades del Sistema DIF Morelos brindaron todas las facilidades a las instituciones en cada visita, procurando tutelar en todo momento el interés superior de los adolescentes y coadyuvando en el cumplimiento de las diligencias. Asimismo, a todos y cada uno de los requerimientos se les dio respuesta en tiempo y forma de manera fundada y motivada”, indicó.
Incluso dijo que a pesar de haber cooperado con dichos organismos, hubo diversas irregularidades que incumplieron con los protocolos de intervención de los adolescentes.
“Muchas de estas acciones promueven alteraciones y reacciones en los usuarios. Es importante recordar, que el Sistema DIF tiene como una de sus finalidades la procuración de los adolescentes, que en muchos casos se encuentran ahí por haber sido víctimas de algún delito y la manera de abordarlos debe ser realizada con mucho criterio, siguiendo protocolos”, dijo.
MIENTE EL GOBIERNO DEL ESTADO: RESPONDE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Sin pruebas fehacientes, el Gobierno de Morelos intenta desvirtuar las acciones apegadas a derecho realizadas por la Fiscalía Anticorrupción ante las denuncias por tortura y desaparición contra adolescentes a cargo del DIF Morelos, presentadas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), respondió por su parte la fiscalía anticorrupción.
Incluso, el video que se exhibió en la conferencia de prensa realizada este día 11 de marzo de 2021, por el Gobierno de Morelos, lo grabó una funcionaria del DIF Estatal, quien en todo momento interfirió en la diligencia que se estaba practicando, lo cual, se traduce en una obstrucción a la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
Fue personal del DIF Morelos, quien en reiteradas ocasiones intentó obstruir las labores de la Fiscalía Anticorrupción e impidió que los menores pudieran brindar un testimonio claro sobre la situación que viven en el albergue y el hecho de que varios fueron enviados de manera ilegal a un centro de rehabilitación no autorizado.
El Gobierno del Estado de Morelos vuelve a mentirle a la ciudadanía por conducto del secretario de Gobierno, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas y Rafael Brito Miranda, procurador de Protección al Menor, Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
El Juez de Control nunca señaló que la Fiscalía Anticorrupción cometió abuso de autoridad durante los cateos, ni violó los derechos humanos de los adolescentes y tampoco dijo que trató a los menores como delincuentes; por ello, se reitera el llamado realizado al Gobierno de Morelos a presentar pruebas fehacientes y dejarse de mentiras.
Este día, el Gobierno de Morelos se limitó a hacer una cronología sesgada y a modo, pero jamás presentó pruebas fehacientes de sus dichos, esto debido a que no cuenta con ninguna evidencia y pretende engañar a medios de comunicación y a la ciudadanía en general.
La Fiscalía Anticorrupción ha actuado y seguirá haciéndolo, en estricto apego a derecho, sin la intención de politizar ningún tema, ya que se maneja con transparencia e imparcialidad.
Esta Fiscalía reitera que el único propósito de las acciones realizadas en el albergue de menores y el centro de adicciones, es esclarecer a través de las investigaciones, las denuncias de las instancias en derechos humanos y organizaciones internacionales, sobre la presunta desaparición de 14 adolescentes y el presunto uso desproporcionado de la fuerza pública en los hechos ocurridos el primero de septiembre del 2020, momento que adolescentes internados en CASA fueron violentados por personal del Sistema DIF Morelos y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que los obligaron a hincarse frente a una pared, los desnudaron y los maniataron.