•        Supuesto integrante del grupo criminal denominado Los Rojos

Agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC) de la Zona Sur del estado, ejecutaron en el Estado de Guanajuato una orden de aprehensión en contra de un hombre requerido en Morelos por el delito de feminicidio cometido en el Municipio de Jojutla.

El sujeto, supuesto integrante del grupo criminal denominado “Los Rojos”, responde al nombre de Humberto Leonardo  “N” apodado “El Beto” de 29 años de edad, quien fue asegurado al salir del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12 de Guanajuato, en donde cumplió sentencia por delito contra la salud.

Del feminicidio que habría cometido en nuestra entidad se presume que el 11 de mayo de 2017 Humberto Leonardo y otros hombres llegaron en compañía de la mujer víctima a la ribera del Río Gaitana, del poblado Vicente Arana del municipio de Jojutla.

Al paso del tiempo los sujetos se tornaron agresivos con la fémina, la obligaron a desnudarse, luego la golpearon con tablas hasta dejarla inconsciente y, al verla desvanecida, le arrojaron piedras principalmente en la extremidad cefálica lo que provocó perdiera la vida;  no obstante, la desmembraron y arrojaron los restos al río. 

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio conoció la presunta participación de Humberto Leonardo en los hechos por lo que solicitó y obtuvo la orden de aprehensión; cabe señalar que Marco Gerardo “N” alias “La Kika”, quien fuera detenido junto a Santiago “N” conocido como “El Carrete”, en un operativo federal en el estado de Guerrero, ya enfrenta proceso penal por este mismo delito.

A su arribo a Morelos, Humberto Leonardo fue llevando ante el juez que ordenó su aprehensión y, en la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada le imputó formalmente el delito de feminicidio, en consecuencia, permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la ciudadanía al llevar ante la justicia a quienes vulneren la seguridad y la paz de las familias morelenses, al tiempo de garantizar a la sociedad el acceso a la procuración de justicia en Morelos.