Este 15 de abril de 2020, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó los lineamientos que le darán funcionamiento a la nueva base de datos de números de extorsión y fraude telefónico.
Los lineamientos para esta nueva base de datos, buscan que las entidades y los municipios, a través de sus C4s y C5s, recaben todos los números de extorsión que la ciudadanía reporta al 0-89, línea telefónica que administra el propio Centro Nacional de Información (CNI). La ciudadanía debe saber que un número reportado más de cinco veces será sujeto a una investigación.
A través de este mecanismo, los 200 Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLES) de los distintos C4s y C5s del país, estarán dedicados a enviar información a los nuevos Centros de Atención de Denuncia Anónimas (CADA). Los CADA incluirán en su registro, entre muchos otros datos, los números que las personas reporten como extorsivos, la hora, el lugar y todo lo solicitado por el extorsionador. La información que derive de estas denuncias ciudadanas anónimas, será recabada por las agencias de inteligencia y corporaciones de policías mexicanas para realizar actos de investigación, prácticamente, en tiempo real.
Esta base de datos incluirá información crucial de la persona extorsionada e información del extorsionador. Por un lado, la información general de la víctima y nunca sus datos personales. Por el otro lado, toda la información que dio a conocer el extorsionador a través de la llamada; es decir, datos sobre el modus operandi, los datos bancarios proporcionados por el propio extorsionador y toda aquella información que permita dar con él / ella o con la banda a la que pertenecen.
Este esfuerzo nos llevará a establecer protocolos de intercambio de información entre las diversas instancias de seguridad para la investigación y el combate a este delito. También nos llevará a colaborar con el proyecto de Ley para el Registro Nacional de Números Telefónicos, iniciativa que busca impedir que los extorsionadores adquieran SIMS telefónicos. Además, se prevé en un mediano plazo, la posibilidad de trabajar con actores fuera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como por ejemplo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Con estas acciones la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Información, y la Coordinación Nacional Antisecuestro comenzarán a trabajar de la mano para combatir la extorsión con información estratégica y de inteligencia para la seguridad pública.