Los Diputados del Partido del Trabajo votaremos a favor del dictamen de la Ley de Videovigilancia del Estado de Morelos y del paquete de iniciativas que la acompañan, porque la consideramos una respuesta adecuada que puede ayudar a resolver el grave problema de seguridad en la Entidad.
El país cuenta con un incipiente sistema de videovigilancia -dijo la Dip. Tania Valentina- que consta apenas de 46,261 Cámaras de Vigilancia para un país de casi 5 mil millones de kilómetros cuadrados y 120 millones de personas, es decir, se trata de un número poco significativo. Los dos Estados que cuentan con más cámaras instaladas son la Ciudad de México, con 15,310; el Estado de México con 10,000; Michoacán con 5,304; Guanajuato con 2,192; todo el resto con mil o menos, donde Morelos cuenta apenas con 1,008 Cámaras.
Por eso es importante este paquete de reformas, pues por primera vez el incipiente sistema de videovigilancia con el que contamos en el Estado, podrá asociarse con cámaras de vigilancia propiedad de los ciudadanos, de los centros comerciales, colonias, condominios y fraccionamientos, bajo un esquema voluntario y mediante la firma de un convenio, donde la Comisión Estatal de Seguridad mantendrá el monitoreo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Consideramos que este es un esquema novedoso de participación ciudadana, que al no ser obligatorio tardará en consolidarse, pero será un avance contar con una legislación en materia de videovigilancia que a la fecha no existe, lo que permitirá lograr transparencia en su manejo y la información que se recaba.
Consideramos que establecer el botón de alerta en esta legislación para las colonias, condominios y centros de trabajo que celebren convenios podrá brindar una percepción de seguridad, pues al final el sistema de videovigilancia se rige bajo el principio de que, si el delincuente percibe mayor certeza de ser capturado, disminuirán las posibilidades de involucrarse en alguna actividad criminal. Es decir, la videovigilancia puede funcionar de manera positiva para reducir el riesgo de ser víctima de un delito, a la vez de que permite que las autoridades cuenten con material que sirva como evidencia para una denuncia futura, como se afirma en el dictamen.
Como Legisladores estamos conscientes de que esta propuesta podría generar polémica, respecto a la frontera que existe entre el respeto al derecho humano a la intimidad y la responsabilidad de la autoridad para brindar seguridad a los ciudadanos, pero a nuestro juicio el dictamen cubre y resuelve bien este aspecto.