De acuerdo con datos del Banco Mundial, la población de América Latina ha experimentado décadas de violencia endémica. Sin embargo, desde 2008, la violencia se ha incrementado fuertemente en México.
Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), ha trabajado 40 años especializándose en temas relacionados con la violencia y criminalidad en el país, a través de estudios sobre la participación de las mujeres y jóvenes en conductas delictivas, políticas de seguridad, instituciones carcelarias y de policías.
Mediante un informe especial hecho para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que lleva por nombre “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia“, el CIESAS presenta un panorama sobre estas condiciones que enfrenta una porción significativa de la población adolescente en México. En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, la especialista explicó la importancia de esta investigación para el tratamiento del tema.
Adolescentes vulnerables
En los últimos años, Elena Azaola ha trabajado en estos temas de adolescentes donde oficialmente se les conoce como “adolescentes en conflicto con la ley”, particularmente dicho término está enfocado en aquellos jóvenes que están privados de su libertad por haber cometido delitos graves o violentos.
De acuerdo con el Banco Mundial, de 2008 a 2010 la tasa de homicidio juvenil se triplicó al llegar a un total de 25.5 homicidios por cada cien mil habitantes, y en vista de tales cifras se buscó que el objetivo de la investigación pudiera emitir recomendaciones de política pública que ayuden a prevenir, atender y, en medida de lo posible, erradicar el problema de la violencia en México.
“La razón por la que me pareció importante estudiar este tema es porque la violencia es uno de los temas que más preocupan en el país y en el que más se deberían interesar poner nuestras herramientas científicas al servicio del conocimiento para poder entender el fenómeno”, explicó la especialista.
Para comprender este tema desde el punto de vista antropológico, buscaron directamente a las personas involucradas y se dedicaron a la recolección de testimonios y circunstancias vividas en su entorno que llevaron a los jóvenes a cometer los delitos violentos por los cuales están culpados.
Se explica que un niño o niña que ha crecido en pobreza y con difícil o nulo acceso a educación de calidad y oportunidades que le permitan involucrarse en actividades productivas que fomenten su sano desarrollo, tiene una probabilidad alta de envolverse en un círculo de violencia que continuará en su vida adulta.
De acuerdo con la investigadora, la adolescencia y juventud en general es una etapa en la que no se ha completado un proceso de maduración y estudios recientes de las neurociencias demuestran que el proceso de maduración cerebral no logra completarse sino hasta después de los 20 años.
“Mientras este proceso de desarrollo se mantenga vigente, los adolescentes presentan una serie de características que los hace influenciables, maleables, todavía no tienen un pleno control de sus impulsos, son susceptibles a dejarse llevar por sus pares y no comprenden la trascendencia de sus actos en el largo plazo”.
Importancia de este tipo de estudios
Elena Azaola comentó que la mayor proporción de los delitos en el mundo entero recae mayoritariamente entre la población de adolescentes y jóvenes hasta los 29 o 30 años, “lo que ocurre en nuestro país es que ha estado sometido en una espiral de violencia muy importante, son múltiples factores los que influyen, lo que lo hace un fenómeno muy complejo”.
De acuerdo con la investigadora, mientras existan grupos delictivos que necesitan una mano de obra o reclutar a un ejército a su servicio, los jóvenes son mucho más susceptibles para ser involucrados por estas mismas características propias de la edad.
Los estudios alrededor del mundo mencionan que la mayor parte de los adolescentes y la violencia en la que se pueden ver involucrados es transitoria, pues no se arraigan en una carrera delictiva y una vez que maduran lo hacen a nivel social, cultural, económica y emocional. Cuando este proceso se completa, abandonan la carrera delictiva pero también dependerá mucho de la intervención que se tenga con ellos.
“Nosotros estudiamos cuál es la problemática desde su ambiente social, familiar, el entorno comunitario donde ellos vivían que los ha llevado a cometer estos sucesos y qué pasa cuando estos adolescentes ingresan a los circuitos de la justicia”.
Lo que encontraron es que en la primera etapa, que es la infancia, los niños estudiados han estado expuestos a múltiples circunstancias de vulnerabilidad, ya sea porque están en situación de pobreza, comienzan a trabajar desde pequeños, los padres tienen bajo nivel educativo, hay consumo de alcohol y drogas en la familia y los chicos siguen ese patrón o porque los padres u otros familiares han estado en prisión.
A veces son niños que ya nacen en una familia que está metida en la delincuencia y de manera natural ingresan a esa actividad porque ya está en su entorno.
“Nosotros llamamos a las características de esa etapa vulnerabilidad primaria, lo que es muy lamentable es que encontramos que una vez que ellos entran a estas instituciones de justicia, los chicos son tratados mal por la policía, hay altos índices de violencia o tortura hacia ellos, lo que les deja severas huellas por los malos tratos de las autoridades”.
Además de los malos tratos hacia los chicos, existe el hecho de que muchas de las instituciones penitenciarias no cuentan con los elementos suficientes a nivel material y humano que les permitan tener apoyo y salir adelante.
La especialista mencionó que muchos de estos chicos tienen severos problemas por causa del abandono familiar o por la violencia sufrida en ese núcleo, además de toda una serie de desventajas y circunstancias de vulnerabilidad que cuando se topan con las instituciones de seguridad y de justicia, en lugar de resolver sus conflictos, se origina una vulnerabilidad secundaria.
Esta se suma a la vulnerabilidad primaria que ya tenían y estos chicos sí están en mayor riesgo de arraigarse en una carrera delictiva porque no están encontrando los elementos que ellos deberían tener para salir adelante en las instituciones que deberían proporcionárselas.
Se necesita mayor apoyo
De acuerdo con la doctora Azaola, esta falta de elementos materiales y humanos significa que no se invierte lo suficiente en la población adolescente o infantil para asegurar que todos los niños estén protegidos, que no abandonen su hogar, en caso de sufrir de violencia que sean atendidos, que no abandonen la escuela y que existan programas educativos adecuados para no desertar.
“A veces un elemento pesa más que otro, por ejemplo, el hecho de estar en contacto con grupos delictivos es un elemento muy importante que hace que estos chicos puedan comenzar a participar en grupos de delincuencia donde se contratan como sicarios, el cual es un tema muy serio donde incluso su vida corre peligro”, comentó.
Los jóvenes, dijo, tienen una fuerte atracción por las armas, los coches y que los altos bandos delictivos gocen de reconocimiento social o estatus en sus comunidades.
Esto es algo que los chicos aspiran tener y es por estas características propias de la adolescencia y su alta maleabilidad que se dejan llevar por lo que los grupos delictivos les dicen, les atrae la adrenalina, andar en coches y retar a la autoridad.
Cuando las autoridades no tienen una respuesta apropiada para ellos, hace que los problemas se multipliquen y ellos continúen perteneciendo a esos grupos y las consecuencias que pueden tener los adolescentes cuando no reciben el apoyo dentro de los centros penitenciarios son múltiples.
De acuerdo con la especialista, en esos centros deberían recibir educación, tener capacitación para un trabajo o un oficio y no lo reciben, entonces como consecuencia salen con muy pocas habilidades y capacidades para valerse por sí mismos por no haber completado su nivel educativo al que tendrían derecho.
Dadas las circunstancias salen con muy pocas capacidades y con un déficit de educación, no tienen un entrenamiento para poder desempeñar algún trabajo y dichas circunstancias los deja en una posición vulnerable para poder insertarse legal y sanamente en la sociedad.
“Es por esa razón que este tipo de estudios hace ver una serie de problemas para proponer y recomendar las soluciones que se requieren y que a fin de cuentas permitirían disminuir el nivel de violencia en el país”.
Propuestas para resolver las problemáticas
Dadas las cifras y las circunstancias presentadas en la investigación realizada por el CIESAS, se considera importante que existan trabajos por parte del gobierno para que se sumen esfuerzos en la prevención, con el objetivo de evitar que los números crezcan y que haya más jóvenes involucrados en actividades criminales.
Existen muchas propuestas que se desprenden de cada uno de estos problemas antes mencionados, pues de acuerdo con la especialista, en primer lugar se debería buscar una atención a la primera infancia, “debe haber fuertes sistemas de apoyo para las familias que no pueden hacerse cargo de sus hijos o para que estos chicos no abandonen sus casas y no tenga que haber niños en situación de calle”.
Considera necesario que haya medidas en el sistema educativo, en el sistema de salud, que el tema de las drogas sea atendido como un problema de salud y no como un problema delictivo.
Elena Azaola comentó que uno de los problemas que tienen los jóvenes apunta a carencias de programas que no hubo en su momento, como los chicos con padres que consumían alcohol o drogas no tuvieron un programa de atención que ayudara a ellos mismos a cómo enfrentar el tema.
Este tipo de problemas tiene mucho que ver con la falta de educación de los padres, con sus salarios y ocupaciones, su vida en situaciones con mucha precariedad tiene tal impacto que lleva a los chicos a tener vidas como las que ya se describieron anteriormente.
“Muchas veces se tiende a estigmatizar y rechazar a los jóvenes, sufren de discriminación y es importante también que existan mensajes de lo relevante que es contribuir de maneras positivas a la comunidad para evitar que se unan a grupos delictivos”.
La especialista mencionó que todavía no se toma plena conciencia ni existe la voluntad política para invertir todos los recursos que se requieren para sacar adelante a estos jóvenes que están en esas situaciones y así prevenir y darles los elementos que necesitan para desarrollarse sanamente.
“Falta mucho para hacer conciencia de eso. Si se invirtiera adecuadamente para este tema, hay muchas cosas que desde la sociedad civil podemos y debemos hacer para preocuparnos y para involucrarnos”.
La doctora Azaola consideró que lo importante sería que a partir de este trabajo se desencadenen políticas y acciones que involucren a organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno y que el conocimiento sirva para alimentar esas políticas y que estas se hagan con base en datos, diagnósticos y evidencias y no desde el escritorio.