11 de noviembre de 2026
Con el propósito de impulsar una justicia más accesible, incluyente y respetuosa de la diversidad cultural de Morelos, la diputada Guillermina Maya Rendón presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para incorporar el enfoque intercultural en la actuación de las autoridades municipales responsables de impartir justicia cívica.
Al hacer uso de la más alta tribuna del estado, la legisladora señaló que la función legislativa debe responder a las necesidades reales de la sociedad, atender sus demandas y contribuir a transformar las condiciones de vida de las familias y comunidades morelenses.
Como parte de su propuesta, planteó adicionar el artículo 3 Bis a la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, a fin de establecer que las autoridades municipales encargadas de la justicia cívica incorporen criterios interculturales en el ejercicio de sus atribuciones.
Explicó que Morelos es un estado pluricultural, donde conviven pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con distintas lenguas, identidades, formas de organización y expresiones culturales, cuya diversidad debe ser reconocida y respetada por las instituciones públicas.
Maya Rendón destacó que la justicia cívica municipal representa, en muchas ocasiones, el primer contacto de las personas con las autoridades encargadas de resolver conflictos cotidianos; por ello, consideró indispensable que los procedimientos sean comprensibles y se desarrollen sin prejuicios ni prácticas discriminatorias.
La iniciativa busca establecer bases para que los juzgados cívicos proporcionen información clara sobre los procedimientos, derechos y posibles consecuencias jurídicas; eviten estereotipos relacionados con el origen étnico, la lengua o la identidad cultural, y reconozcan y respeten la diversidad cultural y los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, con pleno respeto a los derechos humanos.
La diputada subrayó que la igualdad ante la ley no significa desconocer las diferencias entre las personas, sino garantizar que todas puedan ejercer sus derechos en condiciones de dignidad y sin discriminación. Asimismo, enfatizó que la interculturalidad debe traducirse en obligaciones concretas para las autoridades y no permanecer únicamente en el discurso institucional.