16 de octubre de 2026
Durante la sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Morelos, el diputado Luis Eduardo Pedrero González propuso fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes que viven contextos de violencia vicaria, mediante reformas legales que reconozcan las afectaciones que sufren como víctimas directas y garanticen la defensa de sus derechos, su participación efectiva y una representación adecuada cuando existan conflictos de interés con sus progenitores.
“Ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente debe ser utilizado como mensajero entre personas adultas, como intermediario de conflictos, como medio de presión o de control, como medio para transmitir amenazas, como fuente de información para perjudicar a una persona progenitora, como objeto de negociación o como instrumento para producir daño”, expresó el legislador durante su intervención en tribuna.
Para ello, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos y del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de armonizar el marco jurídico estatal y establecer medidas específicas para proteger a la niñez frente a esta forma de violencia.
Pedrero González precisó que estas disposiciones no buscan impedir la comunicación familiar ordinaria ni el ejercicio legítimo de los derechos parentales, sino evitar que la niñez sea involucrada en conflictos que corresponden a las personas adultas.
La iniciativa también establece que el rechazo o la negativa de una persona menor de edad a convivir con alguno de sus progenitores no debe considerarse, por sí solo, prueba de manipulación o interferencia. En estos casos, las autoridades deberán valorar el contexto, los posibles indicadores de violencia y la opinión de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su edad y madurez. Las medidas sobre guarda, custodia y convivencia deberán ser individualizadas, proporcionales, justificadas y revisables, sin suspensiones automáticas de la patria potestad.
El legislador señaló que la propuesta toma en cuenta los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la valoración autónoma de las afectaciones a la niñez, su participación efectiva y la designación de una representación especial cuando exista conflicto de interés. Además, prevé actualizar, en un plazo de 90 días, el protocolo de valoración de riesgo y escucha especializada.
Finalmente, indicó que la iniciativa no contempla la creación de nuevas plazas ni órganos, por lo que su impacto presupuestal directo es nulo, y solicitó que sea turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen, a fin de avanzar hacia una protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia vicaria.