Con el firme objetivo de cuidar a la niñez morelense y evitar que personas con antecedentes de delitos sexuales trabajen cerca de ellos, la Diputada Andrea Gordillo Vega, presentó una iniciativa para reforzar y hacer verdaderamente efectivo el Registro Estatal de Agresores Sexuales.
La propuesta busca que ninguna omisión administrativa permita que una persona sentenciada por estos delitos ocupe puestos de confianza, autoridad o cuidado en espacios donde conviva diariamente con menores de edad. Para lograrlo, la iniciativa propone que la Fiscalía General del Estado asuma el control total de este registro y lo actualice en un plazo máximo de 48 horas tras una sentencia firme.
Con esta reforma, las escuelas, dependencias públicas y empresas particulares de sectores como el deporte, la salud y la cultura, tendrán la obligación de revisar el estatus de sus aspirantes antes de contratarlos. Mientras que las instituciones públicas consultarán el registro directamente, los planteles y negocios particulares deberán exigir al interesado una constancia de no inscripción expedida por la Fiscalía, la cual tendrá un código QR y una vigencia de 30 días para evitar falsificaciones.
La legisladora aclaró que esta medida no representa un doble castigo para quien ya cumplió su pena ni una prohibición general para trabajar, sino una regla de protección exclusiva para garantizar entornos seguros para los niños. La obligación aplicará de forma estricta para maestros, directivos, choferes, entrenadores, psicólogos e incluso voluntarios.
La propuesta contempla un proceso de transición ordenado para que la base de datos actual sea transferida a la Fiscalía y establece un plazo de hasta 180 días para que tanto las autoridades como las escuelas privadas adecuen sus reglamentos y sistemas de contratación.
Finalmente, la legisladora enfatizó que cuando se trata de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, la prevención debe estar a la altura del riesgo que enfrentamos, por lo que la actuación de las autoridades no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya ocurrió, sino que el Estado tiene la responsabilidad especial de cuidar a quienes todavía no pueden defenderse por sí mismos, garantizando que el derecho de los niños a una vida libre de violencia sea siempre la máxima prioridad.