19 de mayo de 2025
La diputada Jazmín Solano López, presidenta de la Mesa Directiva, presentó al pleno legislativo iniciativa de reformas al artículo 202 Bis del Código Penal para el Estado de Morelos en materia de violencia familiar, para proteger grupos vulnerables y que los agresores no alcancen los beneficios derivados de criterios de oportunidad o acuerdos preparatorios.
Al dar a conocer su propuesta a la consideración de las diputadas y diputados de la LVI Legislatura, la diputada representante del V Distrito Local Electoral expuso que el delito de violencia familiar fue introducido por primera vez en el Código Penal local “hasta el año 2004; es decir, que desde 1869 en que se creó la primera Legislatura, tuvieron que pasar 135 años para que la Ley se reconociera lo que como sociedad hemos callado: La violencia que vivimos las mujeres al interior de los hogares de Morelos y de México”.
La también integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, indicó que, en los últimos 20 años hemos avanzado como sociedad para que el delito de violencia familiar se sancione de manera más ejemplar y que es un fenómeno que afecta gravemente la integridad física, psíquica y emocional de miles de personas, principalmente de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables en nuestro país.
Esta violencia –agregó- se materializa cuando algún miembro de la familia realiza un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, a cualquier otro integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, con quien tenga parentesco consanguíneo, por afinidad, por vínculo de matrimonio o concubinato, cohabitación o relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar daño o sufrimiento.
“Se requiere que hombres y mujeres hagamos un frente común, pues la violencia contra las mujeres no es un problema privado o familiar, es una crisis social que exige acción clara, contundente y sin concesiones”, dijo la diputada Jazmín Solano al precisa que su iniciativa busca dos objetivos específicos, ambos derivados de una reforma al artículo 202 Bis del Código Penal.
Por un lado, se pretende proteger a grupos vulnerables de los agresores familiares, de manera que quien atente contra una mujer embarazada, una persona adulta mayor, una persona menor de edad, una persona indígena o una persona con discapacidad, o cometa el delito ante sus menores hijos, la pena por violencia familiar, que consiste de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo.
Adicionalmente, plantea prohibir expresamente en nuestra legislación local que los agresores por violencia familiar puedan acceder a los beneficios derivados de las figuras jurídicas denominadas “acuerdos preparatorios” y “criterios de oportunidad”, como de manera clara ya se señala en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Destacó que, según el Informe de violencia contra las mujeres de abril de 2025, en Morelos el delito de violencia familiar no cede a pesar de diversos esfuerzos institucionales, al contrario, en el primer trimestre somos el noveno estado de la República con mayor incidencia sobre una tasa por cada cien mil habitantes.