Con el propósito de contribuir a una seguridad pública fuerte y efectiva, el diputado Isaac Pimentel Mejía, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó en sesión ordinaria iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 132 Ter a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de seguridad y homologación de salarios policiales, para igualar las percepciones de los policías municipales y estatales.
El artículo propuesto establece que las instituciones de seguridad cubrirán al personal operativo un salario base homologado en todo el estado por los servicios prestados, de acuerdo a su organización jerárquica con la que cuenten en términos de las categorías descritas por los servicios prestados que deberá garantizar un sistema de retiro digno y será acorde con la calidad y riesgo de las funciones asumidas en sus rangos y puestos respectivos, así como en las comisiones que cumplan, la cual no podrá ser disminuida durante el ejercicio de su encargo.
Además, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, se instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. Y el salario homologado del personal operativo a que se refiere este artículo, se deberá actualizar anualmente y no podrá ser inferior al de la media nacional.
En su iniciativa, Pimentel Mejía reconoce un impacto presupuestal, por lo que el articulado transitorio menciona que el salario policial homologado lo establecerá el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que, con el objetivo de no afectar las finanzas públicas municipales, los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado tienen la obligación de contemplar dicho incremento en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio inmediato posterior a la entrada en vigor de la reforma.
Sabemos que, apoyando a nuestras fuerzas de seguridad, estamos contribuyendo directamente a construir un estado más seguro y justo para todos, indicó.
Expuso que todos merecemos vivir en un lugar seguro, pero también es fundamental dignificar las condiciones laborales de quienes arriesgan su vida por nosotros, de quienes salen a trabajar con el inminente riesgo de no regresar a su casa, pues la naturaleza de su trabajo es esa, estar constantemente enfrentando el riesgo de perder la vida.
Subrayó que, la seguridad pública no es un privilegio, es un derecho y debemos exigir que se establezca en nuestra Constitución local la obligación del Estado y los Municipios de garantizarla de manera clara y contundente, “pero también sabemos que no basta con pedir más seguridad, debemos ser conscientes de que la calidad de la seguridad pública está directamente ligada a las condiciones laborales de quienes la hacen posible”.