El diputado Alberto Sánchez Ortega, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, presentó iniciativa que crea la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, que implica la armonización legislativa respecto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual el Estado Mexicano es parte.
La ley abroga la Ley Integral para las Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, vigente desde el 14 de septiembre de 2018, pero que desde su origen y elaboración no cumplió con la debida observancia respecto del carácter vinculante de diversas disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La propuesta de Ley, tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del estado, por lo que corresponde a la Administración Pública velar en todo momento por el debido cumplimiento de la Ley.
Con esta nueva legislación se crea un Instituto para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, considerado necesario ante la falta de un organismo encargado de la planeación, vigilancia, seguimiento y ejecución de las políticas públicas en la materia, así como de coordinar a las instancias de atención a personas con discapacidad de los municipios.
Además, crear un Consejo Consultivo para integrar la participación de la sociedad civil a través de personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en la entidad; armoniza su contenido con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
También se establecen derechos de las personas con discapacidad que no estaban incluidos en la ley anterior, se establecen atribuciones de los entes públicos y su obligación de elaborar un Programa Estatal para la Inclusión de las Personas con discapacidad que implemente los derechos de esta población con programas sectoriales específicos en materia de educación, salud, accesibilidad universal, empleo y capacitación, con sus respectivos presupuestos.
Se establecen, asimismo, derechos específicos para mujeres con discapacidad, el respeto a la evolución de la niñez con discapacidad, sanciones específicas al incumplimiento de la presente Ley y se garantiza la participación de personas con discapacidad y organizaciones sociales en todos los ámbitos de la vida, a través del derecho a la participación en la vida pública y política.
Se conservan, con su principio de progresividad, porcentajes de logros alcanzados en favor de las personas con discapacidad y se adiciona un capítulo específico dedicado a la participación en la vida política de este colectivo, entre otras innovaciones.
Finalmente, señaló que, según el más reciente censo del ramo, en México existen 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, es decir el 16.5%, y en Morelos esa población alcanza el 19.1%, es decir 376 mil 173 personas.