Luego de que a través de sus redes sociales, la agencia de noticias “Quadratin Morelos” denunciara que el jefe de prensa del presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, el panista Francisco Sánchez Zavala, intentara condicionar la libertad de expresión de los medios de comunicación en Morelos, los integrantes del G-8, condenaron enérgicamente, el condicionamiento de la firma de contratos desde el Congreso Local, a un manejo sesgado y parcial de la información.
Los legisladores de MORENA, Paola Cruz, Macrina Vallejo Bello, Ariadna Barrera Vázquez, Edi Margarita Soriano Barrera y el diputado Alejandro Martínez Bermúdez; del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz; del PESM, Mirna Zavala y de RSP, Erika Hernández Gordillo, adelantaron que habrán de abrir una investigación ante tales hechos y, revisar la política de comunicación en los órganos competentes al interior del Poder Legislativo.
La publicación, destacaron los legisladores, evidencia un acto de autoritarismo ejercido desde la Presidencia de la Mesa Directiva frente a la crítica y función del periodismo y constituye una de las prácticas más deleznables de la autoridad.
“El condicionamiento de la firma de contratos para tener a modo medios de comunicación vulnera sensible y radicalmente el hecho de la libre expresión del objetivo primordial de un medio de comunicación informar veraz y oportunamente. Es de repudiar y rechazar una política de comunicación, basada en la simulación, la mentira y el chantaje”.
Los integrantes de este bloque parlamentario lamentaron que la representación del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local, adopte desde la presidencia de la Mesa Directiva, “una postura de rechazo a la libertad de expresión tan grotesca y propias del viejo sistema político”.
De ahí que manifestaron su solidaridad con el gremio periodístico en Morelos, para ejercer su función con total libertad y en apego al derecho de información que tienen los ciudadanos en el marco de veracidad y objetividad. “No se les puede por ningún motivo amordazar”.
Finalmente, exigieron “eliminar prácticas tan nocivas a la democracia como la que se ha protagonizado. Por lo que se hace un llamado al respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información” y reiteraron su compromiso por revisar la política de comunicación en los órganos competentes para garantizar libertad y transparencia en el ejercicio de la labor periodística local.