“La pandemia visibilizó problemas sociales, agudizó la pobreza y la inseguridad en varios países, lo que trajo como consecuencia una mayor expulsión de personas de un país a otro”, dijo Gabriela Mendizábal Bermúdez, profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La investigadora dijo que actualmente hay una gran cantidad de migrantes que antes no se reportaban y entran a nuestro país incluso de manera irregular, “por ello la solución migratoria debe de ser global y debe empezarse por los estados”, dijo.
Gabriela Mendizábal comentó que el derecho a la seguridad social de los migrantes se debe entender como un derecho humano, que asiste a cualquier persona y no se pierde por el hecho de cruzar una frontera con la documentación que acredite, o no, una estancia legal.
Mendizábal Bermúdez informó que hasta el mes de octubre de 2021 se registraron 557 muertes de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, una cifra que superó el número más alto de fallecimientos en la frontera en 2005, con 492 decesos, según con datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos registrados desde 1998.
La investigadora detalló que en 2020 se redujeron los fallecimientos de migrantes a 247, debido al control migratorio derivado de la pandemia, sin embargo, este año que reinician las actividades económicas aumentan los flujos migratorios y los fallecimientos.
“Nos encontramos ante una crisis humanitaria, hay un aumento del tránsito de migrantes en México, pero además, ha aumentado la cantidad de fallecimientos de migrantes que intentan cruzar la frontera”, dijo.
“En su paso por México los migrantes no tienen ningún derecho social, de trabajo o salud. México ha ratificado una gran cantidad de acuerdos internacionales e independientemente de la situación económica y relación con los Estados Unidos, nuestro país está obligado a dar cumplimiento a esos acuerdos”, dijo.
Destacó que la UAEM coordina una investigación en la que participan la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de Baja California, instituciones localizadas en zonas donde se reciben y deportan a migrantes.
Gabriela Mendizábal explicó que dicha investigación se encuentra en una primera etapa de análisis de las normas internacionales y mexicanas de las obligaciones del Estado mexicano con el tema migratorio, y hasta ahora lo que firmó México, lo obliga a ser garante de los derechos de los migrantes.
La segunda etapa del proyecto consiste en incluir a los migrantes, darles voz, para escuchar sus propias necesidades, “porque cuando uno genera derechos específicos, prestacionales de cualquier tipo, ya sean transferencias económicas, dinero como los programas de becas, o en especie como atención médica humanitaria, no sólo es cumplir con el marco internacional, sino escuchar a las personas que van a recibir esos apoyos”, expresó.
“Hasta ahora nuestros modelos de intervención y consulta van hacia la participación ciudadana, sin embargo, los migrantes no son ciudadanos y automáticamente no tienen voz en los países donde se encuentran, si no tienen una estancia legal. El proyecto de investigación nos lleva a analizar cuáles son las necesidades de los migrantes, porque no es lo mismo un migrante cuando acaba de entrar al país que busca protección para transitar hacia la frontera norte, que un migrante que ya tiene un año y medio varado en México y ve, por ejemplo, a la educación como una opción real para su familia”, dijo.
Gabriela Mendizábal reiteró que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos señala que el derecho humano está por encima de un derecho administrativo migratorio, por lo que es necesario hacer algo desde los propios estados para dar cumplimiento a los derechos en los países receptores de migrantes como México.
“Durante muchos años México se encargó de reclamar y tipificar las acciones que no se realizan en Estados Unidos en materia de derechos de los migrantes mexicanos, pero ahora nos coloca en una situación de país receptor de migrantes”, señaló.
Finalmente, la investigadora dijo que entre las repercusiones del tránsito y estancia de migrantes en México, está el aumento de la xenofobia por parte de la población mexicana hacia los migrantes, “se empieza a perder el carácter solidario que tanto caracteriza a los mexicanos y por otro lado, tienen que destinarse recursos del presupuesto de egresos al tema migratorio, pero no se está haciendo”, concluyó.