El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, celebró la publicación del Decreto 690 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el cual se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.
Acompañado por los diputados Alejandra Flores Espinoza, Rosalina Mazari Espín, Andrés Duque Tinoco y José Luis Galindo Cortez además de la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), Flor Desireé León Hernández, el diputado Alfonso Sotelo sostuvo que con esta reforma “la LIV Legislatura solventa una deuda histórica con las mujeres de Morelos”, ya que se garantiza “la paridad en todos los ámbitos de la vida política y social”
Al hacer uso de la palabra en la rueda de prensa, realizada en el lobby del recinto legislativo y durante la cual se guardaron en todo momento las medidas sanitarias correspondientes, agregó que son muchas las “bondades de esta” reforma, entre las que destacó: “que los Cabildos y el Congreso se integrarán de manera paritaria; que las quejas o denuncias por violencia de género serán investigadas en un plazo breve, garantizando el derecho al ejercicio político-electoral libre de violencia política en razón de género; y la participación política sin discriminación”.
Por su parte, la diputada Rosalina Mazari detalló que algunos de los temas más destacables de la reforma son: “en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se adiciona la definición legal de violencia política contra las mujeres en razón de género”; y “otorga al Impepac, a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Estatal Electoral, atribuciones para coordinar las acciones en contra de la violencia política contra las mujeres en razón de género”.
Asimismo, explicó la legisladora “establece específicamente las 22 conductas a través de las cuales se manifiesta la violencia política en contra las mujeres en razón de género, y se integra al Impepac como miembro del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, además de otorgarle atribuciones para promover la cultura de la no violencia política y, en su caso, de sancionar las conductas que la podrían constituir.
Por otro lado, con relación a la armonización al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales; Mazari Espín destacó: “la utilización de lenguaje incluyente ya que se considera un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros; constituye el término de paridad de género, relativo a la igualdad política entre hombres y mujeres en todas las candidaturas; establece que el ejercicio de los derechos políticos-electorales se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género y de toda clase de discriminación”.
En el mismo sentido refirió, entre sus principales puntos, que esta reforma “prohíbe a cualquier persona que haya sido condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, ser candidatos a la gubernatura, a diputaciones o a integrantes de los ayuntamientos; y obliga a los partidos a realizar registros de candidaturas para alcaldías, sindicaturas y regidurías, garantizando el principio de paridad de género”.
Finalmente, en su intervención, la directora del IMEM, Flor Desireé Hernandez, resaltó el trabajo de los diputados para sacar adelante el proceso de la armonización legislativa y celebró que con este decreto “para el próximo proceso electoral” se abre un nuevo panorama para las mujeres, “para trabajar libres de violencia”, un logro “que se alcanza en Morelos y que sólo se ha concretado en otros 14 estados”, mencionó.
Finalmente, la funcionaria explicó que la presente armonización, en el ámbito de lo electoral fue aprobada en tiempo en forma, “ya que la fecha del arranque del proceso electoral 2021 será el 6 de septiembre”, y la fecha de publicación del decreto fue el 8 de junio, “90 días con antelación al inicio del proceso”, detalló.