La legisladora propone capacitación obligatoria para servidores públicos en perspectiva de género y derechos humanos, con el objetivo de combatir la violencia institucional, la revictimización y la discriminación.
Además, planteó reformas al Código Penal para endurecer las sanciones contra deudores alimentarios, obligándolos a reparar integralmente el daño causado a las madres e infancias afectadas.
“Estas propuestas buscan garantizar justicia real para las mujeres y la niñez de Morelos”, afirmó la diputada.