Toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada en principio como feminicidio, como lo establece el Protocolo de Investigación de la Fiscalía y de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el Centro Federal de Readaptación Social de Michapa, en Coatlán del Río han ocurrido un número creciente de muertes violentas de mujeres privadas de la libertad desde el año 2023, sin que se aplique éste criterio en las investigaciones llevadas a cabo, presentándolas por parte de las autoridades como si se trataran de suicidios. Sin embargo, existen testimonios de familiares y organizaciones, que demuestran la existencia de muestras de violencia en los cuerpos de varias de ellas que no pueden ser tipificadas como autoinfligidas, lo que pone en duda que ellas mismas se hayan privado de la vida.
En el informe sobre la Alerta de Violencia de Género en Morelos señalamos (la Comisión Independiente de los Derechos Humanos) que cada muerte violenta de mujeres es una afrenta a las víctimas y al conjunto de la sociedad, la impunidad únicamente beneficia a quienes cometen éstos crímenes y daña terriblemente los mejores sentimientos de las personas y termina destruyendo la posibilidad de mejores relaciones sociales de convivencia.
También es necesario señalar que las muertes violentas de mujeres ocurridas en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social ubicado en Coatlán del Río, deben ser investigadas con el protocolo de feminicidio y no ha sido así, por lo que instituciones como el Instituto Federal de la Defensoría Pública y la CNDH a través de la Recomendación 276/2023 emitida el 15 de diciembre de 2023, donde concluyen que existe un clima de impunidad y de violencia emocional que propician eventos suicidas de manera sistemática que están relacionados y no son hechos aislados, por lo que en varios de los casos mencionados la Fiscalía debe aplicar el protocolo sobre feminicidios a fin de confirmar o descartar la posible comisión de feminicidios en contexto de reclusión.
Las muertes se siguen acumulando dentro de los muros del Cefereso 16, como documenta un reportaje publicado en El País, que señala que “en menos de tres meses, Yadira, Samantha y Giovanna han fallecido en la prisión de máxima seguridad. Las autoridades reportan los tres decesos como suicidios, como ya hicieron con las 11 mujeres que murieron en 2023 dentro de esta cárcel federal de Morelos. Desde entonces, el penal está siendo investigado y acumula acciones legales en su contra por tortura, aislamiento y falta de acceso a medicamentos para las internas. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y las organizaciones de derechos humanos reclaman a las autoridades medidas urgentes para este penal, definido como un “cementerio para vivas”.
Las condiciones dentro de la única cárcel federal para mujeres en México hace tiempo que dejaron de ser un secreto. Las presas están 23 horas al día dentro de la celda. Las llamadas están limitadas a una a la semana, de máximo 10 minutos, y las internas deben elegir entre su familia o su abogado. No hay actividades laborales, ni de capacitación, deportivas, educativas, culturales o recreativas. Además, las mujeres se enfrentan a una brutal desatención médica. El centro no cuenta con abasto de medicamentos para enfermedades crónicas ni para generales. Se puede tardar tres meses en conseguir un paracetamol. “La atención médica odontológica, psiquiátrica y ginecológica es inexistente”, sentenciaba la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) en su última recomendación sobre la prisión.
Ante esta situación, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) presentó 611 peticiones administrativas y 64 controversias en materia de salud solo en 2023, para exigir al penal que se hiciera cargo de la atención médica. Además, ante la crisis de suicidios, en la que 11 mujeres fallecieron en solo nueve meses, la Defensoría Pública presentó dos amparos para garantizar atención médica urgente para 58 de las internas. Un juez del Estado de Morelos se lo concedió de manera provisional, pero la prisión no cumplió. Samantha, de 41 años, era una de estas quejosas; murió el 20 de junio esperando esa atención.
En este clima de violencia e inseguridad, el feminicidio también tiene uno de los niveles más altos que hemos documentado desde hace 23 años en que iniciamos a denunciar el incremento de casos de muertes violentas de mujeres, que llevó a la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 2013 con 530 casos de feminicidio, logrando que se estableciera el decreto de AVG para 8 municipios en agosto de 2015. Podemos asegurar con pleno conocimiento de causa, que de no haberse implementado algunas de las medidas de esta Alerta, los niveles de violencia feminicida serían aún peor, sin embargo, el incumplimiento de muchas de las medidas y acciones decretadas por la CONAVIM, no han logrado conseguir el objetivo de Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en Morelos. Por ello es que se ha llegado a superar los 1,300 feminicidios en éstos 23 años. Los datos oficiales reconocen el incremento de muertes violentas de mujeres, sin embargo, únicamente reconoce como feminicidios un 32% del total que ocurren en Morelos, en contradicción con lo establecido en el Código Penal y en el protocolo de investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado que establece el procedimiento de que se investigue toda muerte violenta de mujeres en principio como Feminicidio.
La violencia cotidiana lacera gravemente los derechos humanos de las personas que la viven directamente y termina afectando al conjunto de la sociedad. El derecho a la vida nadie debe ponerlo en cuestión ni justificarlo cuando ocurren crímenes en contra de personas, al responsabilizarlas de sus propias muertes al señalar que ellas mismas se lo buscaron por el lugar donde andaban, el modo de vestir, las circunstancias en que ocurrieron, o que ellas mismas se privaron de la vida, sin señalar que han sido víctimas de toda una serie de violencias que se pudieron atender y evitar que culminaran en la pérdida de la vida.