La magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, destacó la situación actual del poder judicial, en el que prevalecen, dijo, privilegios –entre ellos, salarios más altos que del presidente de la república, que están fuera de la ley-, nepotismo, y corrupción, durante la asamblea informativa acerca de la reforma al poder judicial, realizada la tarde de este lunes en la cancha de la Alameda de Jojutla.
En su turno, Batres Guadarrama destacó la situación actual del poder judicial, en el que prevalecen, dijo, privilegios –entre ellos, salarios más altos que del presidente de la república, que están fuera de la ley-, nepotismo, y corrupción.
Enlistó lo que consideró argumentos para pensar en lo “indispensable de la reforma”. Comenzó diciendo que el 82 por ciento de los mexicanos consideran injusto el acceso a la justicia; el 73 por ciento, cree que no somos igualmente tratados ante la ley; el 39 por ciento desconfía algo o mucho de los jueces y el 66 por ciento, piensa que los jueces son corruptos.
A nivel mundial, de entre 142 países, México ocupa el lugar 113, en la evaluación del estado de derecho y las instituciones de justicia. Otra calificación pone a México en el lugar 140 en la investigación penal; en el 138 en cuanto a discriminación y en el 135, de acceso a la justicia civil.
Afirmó que este sistema es muy costoso para el país, del orden de los 778 mil millones de pesos anuales. Tan sólo la Suprema Corte mexicana costará este año 5 mil 787 millones de pesos. En comparación con otras Cortes del mundo, los costos son claramente inferiores, pues la de Estados Unidos cuesta tan sólo el 37 por ciento del total de la mexicana; la española, el 13 por ciento, la de Canadá, el 15 por ciento y las otros países latinoamericanos, sólo el tres por ciento de lo que cuesta la Suprema Corte de justicia mexicana.
Enumeró lo caro que son los ministros, que ilegalmente ganan más que el presidente de la república, además de que reciben diversas prestaciones.
Aseguró también que hay “sesgo clasista” en los casos que resuelven los jueces. La mayoría de las tesis se refieren a competencias económicas, por sobre temas relacionados con la salud y no hay atención suficiente a los grupos vulnerables.
Resaltó además el nepotismo que hay en el poder judicial. Citó que en estudio de 2018, reveló que 455 jueces y magistrados, habían contratado directamente a sus familiares. En 31 de los 32 circuitos judiciales, había más de siete mil personas con al menos un familiar trabajando dentro de su mismo espacio laboral.
“En 2022, se halló que el 49 por ciento, de jueces tenía por lo menos dos familiares, y el 23.8 tenía más de cuatro familiares. Se encontró a una familia de 65 integrantes, que trabajan en el poder judicial de la federación”.
Consideró que se debe tener un control sobre los jueces, que sean observados para evitar actos de corrupción y obligue a la transparencia y rendición de cuentas.
La iniciativa de reforma, sugiere la elección por voto popular de los jueces, magistrados, ministros; la separación del consejo de la judicatura federal; la remuneración de personas juzgadoras, y algunos cambios estructurales, como reducir el número de ministros y la reducción de las dos salas, apuntó.
“El poder judicial no es propiedad de los jueces, es un poder público, que debe tener no figurines de adoración, que tengan muchos títulos y que no sirvan como deberían servir, sino deberíamos tener servidores públicos humildes, preparados y con mucha vocación de servicio y de justicia”, reseñó.