La Fiscalía Anticorrupción imputó a una ex empleada del Congreso de Morelos presuntamente beneficiada con una pensión dorada, por los delitos de Fraude Procesal, Falsificación de Documento, Abuso de Autoridad y Falsedad ante Autoridad, ya que presuntamente acreditó más de 23 años de trabajo con constancias falsas.

En cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control, el pasado 16 de marzo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción detuvo a Angélica “N”, quien fue omisa a comparecer ante el órgano jurisdiccional el pasado 6 de diciembre de 2021, por lo que, a solicitud del Ministerio Público, fue declarada sustraída a la acción de la justicia.

En pleno respeto de sus derechos humanos, sin uso de la violencia, ni afectación a terceros, la tarde del miércoles, la Fiscalía Anticorrupción cumplimentó una orden de aprehensión en el municipio de Zacatepec, en contra Angélica “N”, quien este jueves 17 de marzo, fue imputada por Fraude Procesal, Falsificación de Documento, Abuso de Autoridad y Falsedad ante Autoridad.

Angélica “N” presuntamente presentó una solicitud de pensión por jubilación después de trabajar como asesora en el Comité de Vigilancia casi cinco meses, desde el primero de enero de 2018 al 24 de mayo del mismo año, con un sueldo neto mensual de 29 mil pesos, presentando constancias del Ayuntamiento de Coatlán del Río para acreditar 23 años, 4 meses y 23 días de trabajo ininterrumpido.

Sin embargo, tras la investigación realizada por la Fiscalía, se logró saber que, Angélica “N” nunca laboró en el municipio de Coatlán del Río, y presentando constancias con información falsa, logró obtener una pensión al 75% de su último salario, el cual fue de 29 mil pesos.

Por tal motivo, tras su aprehensión, Angélica “N” fue imputada y el Juez concedió a la modificación de la medida cautelar, quedando establecida la firma periódica cada 15 días ante la UMECA, la prohibición de salir del país y tampoco podrá acercarse al Ayuntamiento de Coatlán del Río. Además se otorgaron 144 horas para la audiencia de vinculación.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».